La administración Trump ha admitido que deportó por error a Kilmar Abrego Garcia, un padre de familia de Maryland con estatus de protección, a una infame prisión en El Salvador. A pesar de este reconocimiento, las autoridades se niegan a traerlo de regreso a Estados Unidos, argumentando que los tribunales no tienen la autoridad para obligarlos a hacerlo. Este caso plantea serias preguntas sobre la legalidad de las deportaciones y los derechos de los inmigrantes en el país.
El Error de la Deportación
Kilmar Abrego Garcia fue uno de los 250 hombres deportados al Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT) en El Salvador tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte del presidente Trump. A pesar de una orden judicial que detenía las deportaciones, la administración envió dos aviones cargados de migrantes venezolanos y un grupo separado de salvadoreños el 15 de marzo.
Historia de Abrego Garcia
Abrego Garcia huyó de la violencia de pandillas en su país natal, El Salvador, cuando tenía 16 años. Se trasladó a Maryland para reunirse con su hermano, donde conoció a su esposa, ciudadana estadounidense. Juntos tienen un hijo de 5 años con discapacidad, y Abrego Garcia trabajaba a tiempo completo como aprendiz de hojalatero en el momento de su deportación. Según su queja, no tiene antecedentes penales.
Reconocimiento del Error
La administración admitió en respuesta a la queja de Abrego Garcia que, a pesar de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) era consciente de su protección contra la deportación, fue enviado a El Salvador debido a un "error administrativo". Sin embargo, el gobierno argumenta que los tribunales no pueden ordenar su regreso porque no está bajo custodia estadounidense.
Argumentos del Gobierno
El gobierno sostiene que, aunque está pagando a El Salvador para encarcelarlo, no puede forzar al país a devolver a los hombres encarcelados. Según su presentación, solo puede "suplicar" o "persuadir" a su "cercano aliado".
El abogado de Abrego Garcia, Simon Sandoval-Moshenberg, expresó su preocupación: "Si eso es cierto, las leyes de inmigración son irrelevantes, porque el gobierno puede deportar a quien quiera, donde quiera y cuando quiera, y ningún tribunal puede hacer nada al respecto una vez que se ha llevado a cabo".
Cuestionamientos Legales
No está claro bajo qué autoridad legal el gobierno deportó a Abrego Garcia. La Ley de Enemigos Extranjeros otorga al presidente amplios poderes para deportar tanto a inmigrantes documentados como indocumentados, pero solo cuando Estados Unidos está en guerra con un gobierno extranjero.
Trump ha argumentado que la pandilla venezolana Tren de Aragua ha "invadido" Estados Unidos, pero un juez federal ha bloqueado temporalmente las deportaciones, afirmando que el país no está realmente en guerra. Además, Abrego Garcia no es venezolano, sino salvadoreño. Incluso si los tribunales finalmente respaldan la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros en relación con Venezuela, el propio documento del gobierno califica a El Salvador como un "cercano aliado".
Respuesta de la Administración
A pesar del error, los funcionarios de la administración han reafirmado su decisión de deportar a Abrego Garcia. El vicepresidente JD Vance, al ser consultado en la plataforma de redes sociales X, escribió: "Mi comentario es que, según el documento judicial que aparentemente no leíste, él era un miembro convicto de la pandilla MS-13 sin derecho legal a estar aquí".
Sin embargo, el propio documento del gobierno sugiere lo contrario. Un informante confidencial le dijo a la policía en 2019 que Abrego Garcia era un miembro activo de MS-13, pero un juez le otorgó el estatus de protección y le permitió quedarse en Estados Unidos.
El caso de Kilmar Abrego Garcia resalta las complicaciones y contradicciones en las políticas de inmigración de la administración Trump.
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