En la víspera del "Día de la Liberación", el 2 de abril, el presidente Donald Trump ha anunciado el envío de un nuevo grupo de venezolanos a El Salvador, a pesar de que dos cortes han ordenado frenar estas expulsiones. Este movimiento se produce en un contexto en el que Venezuela ha recibido un aumento en los vuelos de deportados desde Estados Unidos.
Anuncio del Envío
El secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó el lunes que un nuevo grupo de venezolanos, a quienes se les atribuye pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, fue trasladado a El Salvador. Este envío se realizó el domingo por la noche, a pesar de las órdenes judiciales que prohíben estas deportaciones.
Rubio afirmó en su publicación en la red social X que “en una operación exitosa de contraterrorismo con nuestros aliados de El Salvador, militares de Estados Unidos transfirieron a un grupo de 17 criminales violentos del Tren de Aragua y la MS-13, incluyendo asesinos y violadores”. Aunque no especificó cuántos de ellos eran venezolanos, Fox News reporta que se trata de siete.
Recepción en El Salvador
Al igual que en envíos anteriores, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió un video en sus redes sociales mostrando la llegada de los deportados en un avión militar. En las imágenes se pueden ver a los hombres con expresiones cabizbajas y cabezas rapadas, siendo trasladados a la temida cárcel conocida como el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot). Sin embargo, no se revelaron las identidades de los expulsados, lo que dificulta discernir quiénes son venezolanos y quiénes salvadoreños.
Desafíos Legales
El traslado de este nuevo grupo contraviene las órdenes del juez de distrito de DC, James Boasberg, y la decisión de la Corte de Apelaciones del mismo distrito, que la semana pasada prohibieron al gobierno de Trump deportar a nuevos inmigrantes venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley priva a los acusados de ser miembros del Tren de Aragua del debido proceso para desafiar las acusaciones en su contra.
En desacuerdo con las decisiones judiciales, el gobierno de Trump solicitó el viernes a la Corte Suprema que levante las prohibiciones. Esta acción se considera una clara muestra del intento de Trump por expandir su poder presidencial, aunque el máximo tribunal aún no ha emitido un fallo al respecto.
Reacciones del Régimen Venezolano
El régimen de Nicolás Maduro ha calificado el envío de venezolanos a El Salvador como un "secuestro". El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha afirmado que en los vuelos de retorno a Venezuela no ha sido trasladado ningún miembro del Tren de Aragua. Este domingo, al recibir el tercer avión con deportados en una semana, reconoció que el flujo de vuelos debería aumentar, aunque admitió que el primer miembro de una banda que llegó no pertenecía al Tren de Aragua.
Denuncias de Derechos Humanos
Univision Noticias ha solicitado entrevistas con funcionarios venezolanos para entender la caracterización de la banda según el gobierno, pero no ha recibido respuesta. Se ha reportado que algunos venezolanos han sido etiquetados como miembros de la banda simplemente por tener tatuajes, que en muchos casos son diseños comunes y no necesariamente indicativos de afiliación a pandillas.
Las familias de los deportados han reconocido a sus seres queridos en fotos y videos compartidos por funcionarios en redes sociales, asegurando que no tienen relación con el Tren de Aragua. Un tatuador entrevistado por Univision Noticias explicó que muchos de los tatuajes que el gobierno de Trump utiliza para categorizar a las personas como pandilleros son simplemente modas.
Defensa del Gobierno de EE. UU.
La subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha defendido las investigaciones del gobierno, afirmando que van más allá de los tatuajes. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado evidencia concreta que relacione a los deportados con la organización criminal.
Diversas organizaciones de derechos civiles han coincidido con la postura del juez Boasberg, argumentando que los venezolanos deben tener la oportunidad de conocer las acusaciones en su contra y de revisar la evidencia para poder defender
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