Un juez federal expresó su preocupación porque el gobierno de Trump deportó a una niña de dos años, ciudadana estadounidense, a Honduras sin un "proceso adecuado", mientras su padre intentaba desesperadamente evitar su expulsión mediante recursos judiciales.
El juez Terry Doughty, designado por Trump, señaló que la menor, identificada en los documentos judiciales como "V.M.L.", habría sido liberada en Honduras junto con su madre y su hermana, ambas de nacionalidad hondureña, después de ser detenidas por autoridades migratorias.
El magistrado convocó una audiencia para el 16 de mayo, afirmando que era necesario aclarar la "fuerte sospecha de que el Gobierno deportó a una ciudadana estadounidense sin seguir un proceso legal justo".
Según el certificado de nacimiento de la niña, presentado en el tribunal (con datos sensibles ocultos), V.M.L. nació en Nueva Orleans en 2023. Fue detenida junto a su familia durante una revisión migratoria de rutina en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Funcionarios de la administración Trump argumentaron que la madre había expresado su deseo de llevar a la niña consigo a Honduras, presentando una nota manuscrita en español como prueba. Sin embargo, el juez manifestó dudas sobre la veracidad de esa declaración:
"El Gobierno sostiene que esto está bien porque la madre quiere que la niña sea deportada con ella", escribió Doughty. "Pero el tribunal no tiene certeza de ello".
El caso estalló el jueves cuando abogados de la familia presentaron una petición de emergencia en el Distrito Oeste de Luisiana, exigiendo la liberación inmediata de V.M.L. y declarando su detención como ilegal. La solicitud fue presentada por Trish Mack, designada por el padre de la niña como su tutora temporal.
Según los abogados, el padre intentó sin éxito comunicarse con la madre para decidir el futuro de su hija. ICE solo permitió una llamada de un minuto, insuficiente para tomar una decisión informada.
A diferencia de otros casos recientes de deportación, V.M.L., al ser ciudadana estadounidense, podría regresar legalmente al país. Sin embargo, el caso ha reavivado las críticas sobre si el gobierno de Trump está violando garantías procesales en su acelerado programa de expulsiones.
El juez Doughty intentó contactar a la madre el viernes para verificar la postura del ICE, pero se enteró de que ya había sido liberada en Honduras. Ante esto, programó la audiencia de mayo.
Cabe destacar que Doughty, con sede en Monroe (Luisiana), ha emitido fallos favorables a Trump en el pasado, lo que hace sus críticas actuales más significativas. En su orden, incluso utilizó el término "Golfo de América" (en lugar de Golfo de México), un guiño retórico asociado a posturas nacionalistas.
El Departamento de Justicia y Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
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