La Corte Suprema de EE. UU. ha dado luz verde a la administración Trump para proceder con el despido de 16,000 empleados federales en periodo de prueba, al menos por el momento. En una decisión no firmada, el tribunal determinó que las organizaciones sin fines de lucro que presentaron el caso no tenían legitimidad legal para demandar por los despidos de empleados federales. Este artículo examina los detalles de la decisión, su contexto y las implicaciones para el futuro de los despidos en el gobierno federal.
Decisión de la Corte Suprema
El fallo de la Corte fue de 7 a 2, con las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson en desacuerdo, ya que habrían preferido mantener los despidos en pausa mientras el caso se desarrolla en los tribunales inferiores. La decisión se limita a las organizaciones sin fines de lucro involucradas en la demanda presentada el martes y no aborda el caso en su totalidad. Sin embargo, esta resolución complica la capacidad de los grupos afectados por despidos gubernamentales para impugnar despidos masivos de manera sistemática.
En este sentido, la acción de la Corte representa una victoria para la administración Trump y su esfuerzo por reducir drásticamente las agencias y programas federales, concentrando el poder ejecutivo en la Casa Blanca.
Contexto de los Despidos
Tras una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el 11 de febrero, la Oficina de Administración de Personal (OPM) instruyó a las agencias a despedir a todos los empleados en periodo de prueba que no fueran esenciales. Estos empleados suelen ser contrataciones recientes o empleados con antigüedad que están en nuevos roles.
Varias agencias comenzaron a despedir empleados de inmediato, lo que resultó en la eliminación de decenas de miles de puestos. Los sindicatos de trabajadores federales y un grupo de organizaciones sin fines de lucro demandaron a la OPM y a varias agencias, incluyendo los Departamentos de Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía, Interior y Tesorería, para detener los despidos.
Los demandantes argumentaron que la OPM no tenía la autoridad para ordenar despidos y que el gobierno federal no siguió los procedimientos adecuados para despedir a los empleados en periodo de prueba, incluyendo la falta de notificación adecuada a los empleados despedidos y a los gobiernos estatales y locales afectados.
Desarrollo del Caso
El juez William Haskell Alsup, un exjuez del distrito designado por Bill Clinton en San Francisco, inicialmente dictaminó que, aunque los sindicatos no tenían legitimidad para presentar el caso, las organizaciones sin fines de lucro sí la tenían, ya que dependen de los servicios gubernamentales y afirman verse negativamente afectadas por la reducción de la capacidad del gobierno.
Después de una breve audiencia el mes pasado, Alsup reinstaló a empleados federales en seis departamentos. Afirmó que la OPM, que ayuda a establecer las políticas de recursos humanos del gobierno, no podía ordenar a las agencias realizar despidos masivos, ya que solo los departamentos mismos pueden tomar esas decisiones.
El gobierno contrarrestó que la OPM no había ordenado a las agencias hacer nada y que los despidos eran, de otro modo, legales. Llevó ese argumento a la corte de apelaciones, que se negó a intervenir de inmediato.
Por lo tanto, la administración Trump llevó el caso a la Corte Suprema, pidiendo a los jueces que intervinieran.
En sus documentos ante la Corte Suprema, el gobierno argumentó que los despidos, como todos los conflictos laborales, eran exclusivamente entre el gobierno federal y sus empleados. Insistió en que las organizaciones sin fines de lucro no tenían legitimidad para presentar este caso en nombre de los empleados, ya que estos debían seguir los canales adecuados, aunque limitados, para impugnar sus despidos, luchando cada uno su propia batalla.
La mayoría de la Corte pareció alinearse con la administración Trump en este punto, dictaminando que la decisión del juez Alsup que permitía a las organizaciones sin fines de lucro continuar con su caso fue un error.
Implicaciones Futuras
La suspensión de la Corte Suprema, que permite a la administración llevar a cabo los despidos mientras se litiga en los tribunales federales, no implica que los despidos sean legales. La Corte no abordó esas cuestiones el martes y dejó abierta la posibilidad de que otras partes, con mejores argumentos de legitimidad, presenten un caso en el futuro.
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