El futuro del Seguro Social en Estados Unidos pende de un hilo. Martin O'Malley, excomisionado de la Administración del Seguro Social, ha lanzado una advertencia alarmante: los beneficiarios podrían enfrentarse pronto a interrupciones o retrasos en sus pagos. En una reciente entrevista, O'Malley denunció que las políticas de la administración Trump, enfocadas en la reducción de costos, podrían "destruir la agencia y llevar a un colapso del sistema".
Las declaraciones de O'Malley cobran especial relevancia tras un informe del Washington Post que revela cómo los recortes impulsados por figuras como Elon Musk y el equipo de "DOGE" están llevando al sistema del Seguro Social al borde del abismo. El informe detalla que, en marzo, el sitio web del Seguro Social se cayó cuatro veces en un lapso de 10 días, impidiendo que millones de jubilados y estadounidenses con discapacidad accedieran a sus cuentas en línea. Las líneas telefónicas también se han visto saturadas debido a la reducción de personal.
La gravedad de la situación se evidencia al considerar que, según el grupo Social Security Works, aproximadamente la mitad de los adultos mayores dependen del Seguro Social para la mayor parte de sus ingresos, mientras que el 25% depende de él para prácticamente todos sus ingresos. La prestación anual promedio para estos adultos mayores es de apenas 20.000 dólares.
Las declaraciones del secretario de Comercio de Trump, el multimillonario Howard Lutnick, generaron indignación al sugerir que solo los estafadores se quejarían si los cheques del Seguro Social no se enviaran a tiempo. Lutnick argumentó que personas como su suegra, de 94 años, simplemente asumirían un error y esperarían al próximo mes.
Por otro lado, Elon Musk, asesor de Trump, calificó recientemente al Seguro Social como un esquema Ponzi durante una entrevista con Joe Rogan. Esta acusación se suma a las acciones de la administración Trump, que busca cortar los beneficios a más de 6.000 inmigrantes que obtuvieron legalmente números de Seguro Social y contribuyeron al sistema durante años. La administración los está etiquetando falsamente como fallecidos para justificar la suspensión de sus beneficios.
Martin O'Malley, quien también fue gobernador de Maryland y alcalde de Baltimore, explicó que la administración Trump ha estado pagando a los empleados para que renuncien, creando un ambiente laboral hostil y despidiendo oficinas y divisiones enteras. Esto ha llevado a una reducción de casi 10.000 empleados en la agencia, incluyendo un recorte del 50% en el personal de sistemas informáticos. O'Malley advierte que estas acciones provocarán fallos más frecuentes y prolongados en el sistema, lo que podría culminar en un colapso y la interrupción de los beneficios.
O'Malley también denunció la existencia de una "lista maestra de fallecidos" en la que se incluyó a 6.000 inmigrantes que han pagado al sistema de seguro social. Explicó que este acto es ilegal, y que tiene el efecto de terminar las vidas financieras de las personas.
O'Malley también aclara que el Seguro Social no es un esquema Ponzi, sino un programa de pago por uso. Los trabajadores estadounidenses contribuyen con 1,3 billones de dólares al año, que se destinan al pago de los beneficiarios. El Seguro Social cuenta con una reserva de superávit de 2,6 billones de dólares, que, según O'Malley, es el objetivo de Trump y Musk.
El excomisionado advierte que el objetivo de Trump y Musk es degradar el sistema del Seguro Social para justificar su privatización o liquidación. Señala que están difundiendo mentiras sobre el sistema, como la acusación de que los inmigrantes ilegales reciben beneficios, para generar desconfianza en la población.
O'Malley aclara que los inmigrantes indocumentados no pueden recibir beneficios del Seguro Social, pero que contribuyen con 25.000 millones de dólares al fondo fiduciario.
En conclusión, la situación del Seguro Social en Estados Unidos es crítica. Las políticas de la administración Trump y las declaraciones de sus aliados, como Elon Musk, amenazan con colapsar un sistema vital para millones de estadounidenses. Es crucial que la población esté informada y exija la protección de este derecho fundamental.
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