La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha anunciado con orgullo que el número de inmigrantes sin autorización legal en Estados Unidos ha disminuido en 1.6 millones desde el inicio de la administración del presidente Trump. En una publicación en redes sociales, Noem celebró el logro, afirmando que esto significa "calles más seguras, ahorro para los contribuyentes, menos presión sobre escuelas y hospitales, y mejores oportunidades de empleo para los estadounidenses".
La cifra, sin embargo, proviene de un informe del Centro de Estudios de Inmigración (CIS), una organización que se describe a sí misma como defensora de la "baja inmigración". El propio CIS ha admitido que su estimación tiene varias "salvedades", ya que se basa en la Encuesta de Población Actual (CPS), que no identifica específicamente a los inmigrantes sin autorización. La organización advierte que la cifra podría estar "sobreestimando la disminución" debido a que la mayor presión de control migratorio podría hacer que los inmigrantes sean más reacios a responder la encuesta.
Expertos como Julia Gelatt, del Instituto de Política Migratoria, respaldan esta preocupación. Según Gelatt, la administración Trump ha permitido el intercambio de información entre agencias, lo que podría hacer que responder a una encuesta gubernamental se sienta "particularmente peligroso" para quienes no tienen un estatus legal firme. La experta también señala que la encuesta es una muestra pequeña, lo que podría dar la impresión de una disminución de la población de inmigrantes, incluso si el número real de personas no ha cambiado.
Además, la cifra de 1.6 millones representa un salto drástico en comparación con las cifras de deportación previamente publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional. La administración del presidente Trump había reportado 135,000 deportaciones en abril, pero la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) ha calificado esas cifras como "exageraciones" y estima que la cantidad real era de alrededor de 72,000 en ese momento.
Más allá de las deportaciones, la administración ha implementado nuevos programas para alentar a los inmigrantes a salir del país de forma voluntaria, ofreciendo un estipendio de 1,000 dólares a aquellos que se registren para irse a través de una aplicación. La administración también ha tomado medidas para poner fin a programas para personas que están legalmente en el país, como el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El anuncio de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre la disminución de 1.6 millones de inmigrantes ilegales genera un importante debate. Aunque la cifra se presenta como un gran éxito de la política de control migratorio del presidente Trump, la propia fuente de los datos reconoce que la metodología utilizada podría estar sesgada. Esto plantea serias dudas sobre la precisión de la cifra y si la disminución se debe a una salida real de personas o a que los inmigrantes se sienten más temerosos de participar en las encuestas oficiales.
El presidente Trump y su administración han adoptado una postura de mano dura en materia de inmigración, buscando reducir no solo la población sin autorización legal, sino también modificando programas para quienes tienen un estatus legal. Esto ha llevado a una reestructuración de la política migratoria que se extiende más allá de las deportaciones, afectando incluso a quienes buscan asilo o protección. La discrepancia entre las cifras oficiales y las de grupos independientes, así como las advertencias de los mismos autores del informe, sugieren que el impacto de estas políticas es más complejo y menos claro de lo que la administración afirma. En lugar de una simple reducción numérica, el panorama refleja un clima de temor y cambios significativos en el sistema de inmigración de Estados Unidos.
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