Según un documento interno obtenido por The Washington Post, la Administración del presidente Donald Trump está preparando una enorme expansión de la capacidad de detención de inmigrantes en Estados Unidos. El plan, detallado en un documento de planificación interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), busca aumentar la capacidad a más de 107,000 camas para enero del próximo año.
Este proyecto, que representa un aumento masivo, prevé la apertura o ampliación de 125 instalaciones en 19 estados diferentes para fin de año. La estrategia incluye la creación de "mega-centros" de detención a gran escala y estructuras temporales, conocidas como "soft-sided", que pueden construirse en cuestión de semanas. Aunque estados como Texas, Luisiana, California y Georgia seguirán siendo los principales centros de detención, el plan también contempla la apertura de nuevas instalaciones en lugares como Oklahoma, Indiana, Minnesota, Carolina del Norte y Tennessee.
Además, el plan incluye la construcción de al menos tres nuevos centros de detención familiar con un total de 5,700 camas, lo que superaría con creces la capacidad actual de aproximadamente 2,000 camas en Dilley, Texas. El costo de esta expansión se financiará con un presupuesto de 45 mil millones de dólares, aprobado por el Congreso. Se espera que las empresas privadas de prisiones, Geo Group y CoreCivic, dupliquen sus ingresos anuales a través de nuevos contratos que superan los 500 millones de dólares cada uno.
Sin embargo, la expansión ha intensificado las preocupaciones sobre los derechos humanos. Un informe reciente de la oficina del senador Jon Ossoff (demócrata por Georgia) documentó 510 denuncias creíbles de abusos en centros de detención de ICE, incluyendo casos de maltrato físico y sexual, así como negligencia hacia mujeres embarazadas y niños.
A pesar de las crecientes críticas, la Administración del presidente Trump defiende sus planes, asegurando que las quejas están siendo exageradas. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), declaró que ICE "no 'desaparece' a la gente" y que el proceso de deportación se lleva a cabo conforme a la ley. La portavoz afirma que el sistema de detención de ICE cumple con las normas y que todas las quejas han sido desmentidas por el DHS. Sin embargo, los defensores de los inmigrantes argumentan que los frecuentes traslados entre instalaciones complican el acceso de los detenidos a sus abogados, lo que dificulta su capacidad para solicitar fianza o defenderse en los tribunales.
El plan de la Administración del presidente Trump para expandir dramáticamente los centros de detención de inmigrantes es una medida audaz y controvertida que refleja su política migratoria de mano dura. Si bien la administración argumenta que la expansión es necesaria para abordar la inmigración ilegal y que los estándares de las instalaciones son altos, los informes de abusos y las preocupaciones de los defensores de los derechos humanos sugieren lo contrario. Este proyecto no solo implicará una inversión masiva de dólares, sino que también solidificará el papel de las empresas de prisiones privadas en el sistema de inmigración. El debate va más allá de los números y el costo; se centra en el tratamiento humano de los detenidos y el derecho a un debido proceso. La confrontación entre la Administración de Trump, que minimiza las quejas, y los críticos, que denuncian abusos sistémicos, destaca la profunda división en el país sobre cómo manejar la inmigración. A medida que se construyen más instalaciones, el foco seguirá estando en si la expansión puede llevarse a cabo de una manera que respete los derechos fundamentales de las personas bajo custodia del gobierno.
0 Comentarios