¡Golpe a la puerta sin aviso! Una polémica directiva secreta emitida durante el gobierno de Donald Trump ha salido a la luz, revelando una autorización para que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ingresen a viviendas sin necesidad de una orden judicial. Esta medida, que se ha mantenido en secreto durante más de un mes, según un memorando interno filtrado, ha generado una ola de preocupación por las libertades civiles.
El documento, obtenido por USA Today y firmado por la entonces fiscal general Pam Bondi el 14 de marzo, ordenaba específicamente a los funcionarios de ICE allanar las residencias de individuos sospechosos de pertenecer a la peligrosa banda venezolana Tren de Aragua.
El argumento principal del memorando era que los procedimientos habituales para obtener una orden judicial no siempre serían "realistas o efectivos" para identificar y expulsar rápidamente a estos "enemigos extranjeros". En otras palabras, se justificaba saltarse este requisito legal fundamental en aras de la rapidez y la eficiencia en las operaciones de aplicación de la ley.
El texto del memorando autorizaba explícitamente a los agentes a detener a personas bajo la "creencia razonable" de que cumplían con los criterios para ser considerados "enemigos extranjeros". Y lo más preocupante es que esta autoridad incluía "entrar en la residencia de un enemigo extranjero para realizar un arresto [bajo la Ley de Enemigos Extranjeros] cuando las circunstancias hagan impracticable obtener primero una notificación firmada y una orden de arresto y deportación".
Junto con el memorando, se adjuntó una guía de validación que establecía un sistema de puntos para determinar si una persona era miembro del Tren de Aragua y, por lo tanto, susceptible de deportación.
Al día siguiente de la emisión de este memorando, la administración Trump deportó a más de 200 venezolanos al Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT) de El Salvador, incluyendo el caso del padre de Maryland, Kilmar Abrego García, quien fue deportado erróneamente.
Estas acciones se amparaban en la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte del entonces presidente Trump el 15 de marzo. Esta ley, concebida en tiempos de guerra, permite el arresto y la deportación de "enemigos extranjeros" de una nación enemiga durante una invasión o guerra.
La proclama presidencial declaraba que todos los ciudadanos venezolanos mayores de 14 años que fueran miembros del Tren de Aragua, se encontraran en Estados Unidos y no fueran ciudadanos naturalizados o residentes legales permanentes, podían ser aprehendidos, retenidos, asegurados y expulsados como "enemigos extranjeros".
Sin embargo, desde entonces, ha habido informes de que la administración ha estado deteniendo y deportando a inmigrantes que no son venezolanos y que no tienen antecedentes penales a la mega-prisión de El Salvador.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos presentaron una demanda a principios de este mes para intentar bloquear más deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
El abogado principal de la ACLU en estos casos, Lee Gelernt, declaró a USA Today que el Departamento de Justicia ha estado violando la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege a las personas de registros e incautaciones irrazonables 1 por parte del gobierno.
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