Un tribunal federal de apelaciones ha confirmado una sentencia que obliga a The GEO Group, una compañía privada de prisiones con sede en Florida, a pagar más de 23 millones de dólares a migrantes que trabajaban mientras estaban detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste en Tacoma, Washington. La empresa, que les pagaba tan poco como 1 dólar por día, había intentado apelar la decisión, pero la corte rechazó su solicitud.
Esta batalla legal, que comenzó en 2017, se centra en los detenidos en el centro de Tacoma, que The GEO Group opera desde 2005. Los detenidos participaban en un programa de trabajo voluntario, realizando tareas como cocinar, limpiar y lavar la ropa. Esta práctica, según el diario Washington State Standard, permitía a GEO evitar contratar a cerca de 85 empleados a tiempo completo.
En 2021, un jurado federal ordenó a la compañía pagar a los detenidos casi 17.3 millones de dólares en salarios atrasados, y un juez federal añadió 5.9 millones en multas. La Corte Suprema del estado de Washington ratificó en 2023 que los detenidos deben ser considerados empleados bajo la ley estatal. GEO había argumentado que, como contratista federal, no estaba obligada a cumplir con las leyes estatales de salario mínimo, pero esta defensa fue rechazada por los tribunales.
La decisión judicial llega en un momento de bonanza para The GEO Group, que sigue expandiendo sus contratos con el gobierno federal. En el segundo trimestre de 2025, la compañía reportó ingresos de 636.2 millones de dólares, albergando a cerca de 20,000 detenidos de ICE en todo el país. Además, GEO podría beneficiarse enormemente del programa de Alternativas a la Detención de ICE, ya que su subsidiaria BI Inc. provee monitores de tobillo a los migrantes. ICE ha instruido a su personal para expandir este programa, lo que podría generar ingresos adicionales para la compañía.
El centro de Tacoma, la única prisión privada con fines de lucro en el estado de Washington, ha sido objeto de constantes críticas. Investigadores del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington han documentado en los últimos años numerosos problemas de salud y seguridad en el lugar, incluyendo negligencia médica grave, alimentos en mal estado, agua contaminada, uso excesivo de aislamiento, abusos sexuales y un uso desproporcionado de la fuerza.
La sentencia que obliga a The GEO Group a pagar 23 millones de dólares es una victoria significativa para los derechos de los migrantes y establece un precedente importante. La decisión de la corte reafirma que, independientemente de su estatus legal, los trabajadores, incluso en detención, tienen derecho a un salario justo según las leyes laborales estatales. Este fallo desafía directamente el modelo de negocio de las prisiones privadas, que a menudo se basa en la reducción de costos de mano de obra para maximizar las ganancias.
Sin embargo, a pesar de este revés legal, The GEO Group sigue fortaleciendo su posición en el mercado de la detención de inmigrantes, obteniendo jugosos contratos con el gobierno federal y expandiendo su negocio con programas de monitoreo electrónico. Esto pone de manifiesto una paradoja: mientras que un brazo de la justicia sanciona a la empresa por prácticas laborales injustas, otro brazo del gobierno continúa otorgándole contratos millonarios.
Además, las serias denuncias sobre las condiciones inhumanas y los abusos en el centro de Tacoma, reveladas por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, sugieren que la batalla legal por el salario es solo una parte de un problema mucho más profundo. La falta de un debido proceso y la persistencia de abusos en las instalaciones de detención privada, a pesar de las repetidas denuncias, indican que es necesario un cambio sistémico. La situación del centro de Tacoma es un reflejo de las complejas y a menudo contradictorias políticas de inmigración y de la lucrativa industria de la detención que se ha desarrollado en torno a ellas.
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